“Sugestivamente” en estos días, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia
(CNDC) dependiente de la Secretaría de Comercio, decidió dar curso a una denuncia que
presentó una cadena farmacéutica ligada al vicejefe de Gabinete, contra la Confederación
Farmacéutica Argentina (COFA), la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias (Facaf)
y la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina (AFMySRA),
acusándolas de supuestas maniobras discriminatorias para excluirla del acuerdo de las
farmacias con el PAMI, reactivando un expediente que había sido archivado hace casi dos
años.
La denuncia contra las instituciones farmacéuticas data de 2011 y fue hecha por Mario
Quintana, por entonces presidente de la cadena y actual vicejefe de Gabinete, que aún
conserva el 3% de las acciones y que hoy reclama una compensación de 701,7 millones de
pesos por supuestas pérdidas de rentabilidad.
No resulta un tema menor, que otra causa que la COFA le había iniciado a Farmacity en
2011 (causa 1400), la CNDC decidió archivarla este año, negando todas las pruebas
ofrecidas por la Confederación Farmacéutica Argentina… y ahora surge esta nueva
imputación.
La Confederación Farmacéutica Argentina, institución que representa a los profesionales
farmacéuticos, considera esto una prueba más del lobby que está ejerciendo ese
funcionario ante organismos del Estado y la Justicia para beneficiar a su propia empresa.
El sistema de PAMI es solidario y permite a través del sistema de bonificaciones que las
farmacias de lugares más inhóspitos y alejados del país estén en posibilidades económicas
de atender a los afiliados. Tanto el PAMI como las entidades profesionales ponemos
siempre como prioridad al paciente, mientras que ese grupo inversor sólo pone el foco en
la rentabilidad de su empresa.
Sería importante saber quiénes son los accionistas del fondo de inversión Pegasus, que
controla a Farmacity entre otras empresas, y cuáles son los funcionarios que conforman el
fondo y lo controlan. Además de preguntarnos cómo se permite que un fondo de
inversión tenga injerencia en la salud de los jubilados, y en particular en el acceso al
medicamento de los habitantes, cuando la Organización Mundial de la Salud establece
que el medicamento no es un bien de mercado y la salud es un derecho de la población,
no un negocio.
Por otra parte es paradójico, que por un lado la cadena se niegue a hacer un aporte
solidario en concepto de bonificación a los afiliados al PAMI, planteando que eso lo
excluye del mercado y que le causa un perjuicio económico millonario, cuando por otro
lado anuncia en una fiesta y promociona que piensa abrir 200 locales nuevos.
Esto claramente se encuadra en una estrategia política y económica de avanzar sobre
diversos poderes del Estado para destruir el modelo sanitario de farmacias. Atacar a las
instituciones farmacéuticas es un ataque directo a la red sanitaria de farmacias de todo el
país y sus profesionales farmacéuticos, a las farmacias pequeñas y medianas, solidarias
con la Seguridad Social y que hoy están distribuidas racionalmente para que toda la
población argentina, incluso en los pueblos más pequeños y alejados del país, pueda
acceder a la atención farmacéutica y a los medicamentos.
Confiamos en que la Justicia, las autoridades sanitarias, los representantes y toda la
sociedad comprendan el daño que el avance de esta empresa y sus intereses económicos
por sobre las legislaciones vigentes y las instituciones le hacen al futuro de la salud de la
población.
AGRADECEMOS DESDE YA LA DIFUSIÓN DE ESTA INFORMACIÓN.
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Farm. María Isabel Reinoso, presidente de la Confederación Farmacéutica Argentina – Tel.
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